La escena lo dice todo.
En las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, unas 72.000 personas procedentes de Marruecos —entre ellas muchos menores— caminaron, nadaron y corrieron hacia Ceuta. Algunos intentaron la misma suerte en Melilla. La mayoría no llevaba nada más que un teléfono enfundado en plástico; muchos perdieron hasta los zapatos en las olas, que los devolvieron después a la orilla.
El saldo fue devastador. Entre los 141 muertos figuran Faten, una joven de 20 años con talento para el fútbol que soñaba con jugar en Europa, y Ahmed, de apenas 17. En Fnideq, frente a la valla de Ceuta, padres con fotografías en la mano preguntaban a desconocidos si habían visto a sus hijos.
Los que lograron cruzar no encontraron el destino esperado. La mayoría fue expulsada por las autoridades españolas o regresó voluntariamente a Marruecos. Videos difundidos en redes mostraron a hombres pateados por la Guardia Civil española durante las expulsiones y golpeados con porras por la Gendarmería marroquí al otro lado de la frontera: una coreografía de rechazo en dos actos.
La trastienda marroquí
El gobierno de Rabat tardó días en reaccionar. Cuando lo hizo, atribuyó la crisis a redes de tráfico organizado, un argumento que nadie aceptó: las enclaves de Ceuta y Melilla no forman parte del espacio Schengen, por lo que no tiene sentido económico para un traficante llevar a alguien hasta allí. Para alcanzar Europa continental, el migrante tendría que llegar a la España peninsular. Luego, Rabat señaló un fallo del Tribunal Supremo español que impedía la deportación automática de migrantes llegados por mar, como si un matiz jurídico, y no la desesperación, fuera el motor de la oleada.
La crisis estalló en el peor momento para el palacio: durante la celebración anual del aniversario del reinado del rey Mohammed VI. El gobierno permaneció al margen durante días. Solo tras la presión interna accedió a colaborar en la identificación de los menores no acompañados y de los fallecidos.
Quienes dentro del país alzaron la voz contra la gestión del Estado y explicaron por qué los marroquíes quieren irse fueron arrestados, según documenta la fuente. Marruecos celebra elecciones multipartidistas regulares, pero el palacio y su entorno dominan el poder político y económico por vías formales e informales. Las restricciones a las libertades políticas se han intensificado: desde la prohibición de protestas hasta multas a editores y arrestos de raperos y periodistas.
El modelo que fabrica emigrantes
Los detalles cuentan la historia. La población marroquí en edad de trabajar creció más de un 10% en la última década, pero el empleo solo aumentó un 1,5%, según los datos recogidos en la fuente. El modelo económico del país ha generado un crecimiento agregado notable junto a una desigualdad que se profundiza. En las últimas dos décadas, el capital fluyó hacia megaproyectos —el puerto de Tánger Med, el Corredor África-Atlántico— financiados con inversión extranjera y privada, mientras el sector servicios y la agricultura absorben la mayor parte del empleo disponible.
Las tres categorías de personas que se lanzaron a la hragga —término coloquial para la migración irregular— lo ilustran con precisión: los que ya lo habían intentado antes y llegaron preparados; los que se dejaron llevar por rumores en redes sociales sobre una ventana de oportunidad que podía cerrarse en cualquier momento; y los que razonaron con una mezcla de optimismo y nihilismo: «¿Por qué no? No tengo nada que perder». Muchos calcularon que incluso una paliza valdría la pena por pasar un día en Ceuta.
Teorías conspirativas sobre geopolítica circularon ampliamente en línea, oscureciendo las causas reales. Ciertas narrativas, sin evidencia alguna, presentaron a los migrantes como peones de juegos políticos, ignorando por completo lo que empuja a una persona a arriesgar la vida.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que ocurrió en Ceuta y Melilla no es un problema de gestión fronteriza ni un asunto de tráfico organizado: es el resultado directo de un Estado que concentra el poder, reprime la disidencia y ha construido un modelo económico que produce crecimiento en los titulares y desempleo en las calles.
Europa tiene razones legítimas para controlar sus fronteras y para exigir que sus socios cumplan los acuerdos de contención migratoria. Pero ninguna valla resuelve lo que una economía cerrada, un aparato estatal represivo y la ausencia de oportunidades para la juventud generan con matemática certeza. Mientras Marruecos siga arrestando a quienes piden hospitales públicos en lugar de estadios de lujo, la valla solo aplazará la siguiente oleada.
