La Corte Familiar de Miami-Dade ya había hablado. Paulina Rubio ganó la batalla legal y su hijo Andrea Nicolás, de 15 años, regresó a Estados Unidos para vivir con ella. Pero Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como «Colate», no cerró el expediente.
El 24 de agosto, la abogada de Vallejo-Nájera, Aliette Carolan, presentó un oficio formal ante la jueza encargada del caso, Marlene Hernández, solicitando una reconsideración —un «rehearing», en la terminología legal anglosajona— del fallo. La comunicación fue dirigida también a Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, y a Amber Glasper, exguardiana del menor.
El argumento central de Vallejo-Nájera es que el tribunal cometió errores en alrededor de 70 conclusiones del caso. Entre las peticiones más relevantes figura una que, en términos procesales, se denomina «evaluación de credibilidad de los testigos»: el empresario español solicita que el tribunal tome en cuenta las declaraciones que el propio Andrea Nicolás hizo ante la jueza, en las que el menor describió el tipo de trato que mantiene con su madre. Según Vallejo-Nájera, esos testimonios arrojan conclusiones contradictorias con las que sustentaron el fallo original.
La noticia de la solicitud circuló por los medios desde el martes 25 de agosto. No fue sino hasta la mañana del miércoles 26 que la representante legal de la cantante tomó posición pública —y lo hizo con una frase que resume la estrategia de su cliente.
«En esta etapa, hablan los documentos, hablan los argumentos y habla la Corte», declaró Hoyos. La abogada añadió que no emitirán declaraciones ni opiniones públicas mientras el caso siga ante tribunales, y que cualquier argumento o respuesta será presentado «exclusivamente ante la autoridad correspondiente y por las vías legales establecidas».
El silencio, en este contexto, es también una postura. Hoyos eligió no debatir en los medios lo que, según ella misma, debe resolverse en sede judicial. Es una lectura razonable del proceso: la solicitud de reconsideración es un recurso ordinario, y su mérito lo evaluará la jueza Hernández, no la opinión pública.
Lo que sí está claro, según la información disponible, es que la custodia compartida entre Rubio y Vallejo-Nájera se mantiene formalmente. El cambio que produjo el fallo original fue de residencia: Andrea Nicolás vivirá con su madre en Estados Unidos, no con su padre en Madrid. Eso es lo que Vallejo-Nájera busca revertir.
Los detalles cuentan la historia. Un padre que alega 70 errores en un fallo, que pide que se escuche la voz de un adolescente de 15 años ante la jueza, y que lo hace a través de un recurso formal —no de una conferencia de prensa— dibuja a alguien que, al menos en apariencia, confía en el proceso judicial más que en el tribunal mediático. La otra parte, por su lado, ha decidido que el mejor argumento es no dar ninguno fuera del juzgado.
Desde Hemisferio, el caso ilustra algo más amplio que una disputa de custodia entre figuras públicas: la tensión entre el derecho de un menor a ser escuchado y el peso institucional de un fallo ya dictado. Los sistemas judiciales de familia, cuando funcionan, deben ponderar ambas cosas. La pregunta que dejará pendiente este «rehearing» —si la jueza Hernández decide admitirlo— es si las declaraciones de Andrea Nicolás fueron valoradas con el rigor que merecen o si quedaron sepultadas bajo el volumen del expediente. Esa respuesta, como bien dice la abogada Hoyos, la dará la Corte.
