La escena lo dice todo. Mientras los incendios forestales y las sequías acumulan facturas récord en Europa, América del Norte y partes de África, Asia y América Latina, los gobiernos del mundo se reúnen esta semana en Ulán Bator, Mongolia, para la decimoséptima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, COP17). El tema central no es el clima en abstracto: es el suelo, ese activo que sostiene cadenas de suministro, seguridad alimentaria y economías enteras, y que sigue siendo, según los propios organizadores, «peligrosamente infrafinanciado».
Las cifras del diagnóstico son contundentes. La UNCCD estima que la degradación de tierras, la sequía y la desertificación cuestan a la economía global 878.000 millones de dólares al año. Solo las pérdidas inducidas por sequía ascienden a 307.000 millones de dólares anuales. Frente a esos números, la inversión preventiva es marginal: los gobiernos destinan miles de millones a responder a desastres —el gasto del gobierno de Estados Unidos en supresión de incendios forestales «solo está destinado a crecer», según la fuente— pero invierten una fracción en evitar la degradación que hace a las economías más vulnerables.
La paradoja fiscal es la que más debería incomodar a cualquier defensor del gasto público eficiente: se paga la emergencia, no la prevención. Desde la perspectiva del capital, eso es, en palabras de los autores del análisis presentado en COP17, «una mala asignación de recursos».
El argumento económico, no el ambiental
Lo que distingue el debate de Ulán Bator de cónclaves climáticos anteriores es el énfasis en el lenguaje de la inversión, no de la filantropía. La UNCCD calcula que financiar la conservación y restauración de tierras podría generar hasta 1,8 billones de dólares anuales, impulsados por mayor resiliencia agrícola, nuevas fuentes de ingresos y reducción de riesgos físicos como las pérdidas por sequía. Además, podría crear empleo para 65 millones de personas adicionales para 2030, con una ganancia neta de 37 millones de puestos de trabajo.
El sector privado ya está respondiendo a esa lógica: la Agenda de Acción COP sobre Paisajes Regenerativos reportó un aumento de más de cuatro veces en la inversión empresarial entre 2023 y 2025. El problema, según el diagnóstico presentado en la cumbre, son las políticas fragmentadas y desalineadas que frenan ese capital.
El contexto macroeconómico es relevante. Aproximadamente 44 billones de dólares del PIB global —alrededor de la mitad de la producción mundial— dependen de manera moderada a alta del capital natural, incluida la tierra sana. Para 2050, se proyecta que tres de cada cuatro personas en el mundo se verán afectadas por la sequía, con efectos en cadena sobre producción, costos de insumos y volatilidad de precios de materias primas.
Mongolia y los pastizales en el centro
La elección de Ulán Bator no es casual. Los pastizales —rangelands— ocupan más de la mitad de la superficie terrestre del planeta y el 70% del territorio de Mongolia. Proveen el 16% del suministro alimentario global, el 70% del forraje para el ganado y sostienen los medios de vida de hasta 500 millones de pastores. Son, en términos económicos, infraestructura productiva de primer orden, aunque raramente aparezcan en los balances nacionales.
El desafío de financiamiento es especialmente agudo en los países en desarrollo: alta deuda, finanzas públicas restringidas y costos de endeudamiento elevados hacen difícil financiar incluso proyectos con retornos económicos atractivos. Ahí es donde el debate sobre finanzas concesionales y capital público como catalizador del privado adquiere relevancia práctica.
Lo que está en juego para las cadenas de suministro
La pandemia de COVID expuso la fragilidad de las cadenas de suministro globales. Las sequías e incendios recientes han revelado otra vulnerabilidad: el deterioro de los sistemas naturales sobre los que esas cadenas dependen. Para los agricultores, la degradación del suelo se suma a costos ya elevados de semillas y fertilizantes. Para las empresas, los riesgos físicos afectan directamente la disponibilidad, el costo y la calidad de los recursos naturales dentro y fuera de sus cadenas de valor.
La lectura de Hemisferio
El argumento que se debate en Ulán Bator es, en el fondo, uno de eficiencia del gasto público: cuesta menos invertir en prevención que pagar la emergencia. Ese principio debería ser bienvenido por cualquier gobierno comprometido con la disciplina fiscal. El problema es que la lógica correcta llega envuelta en el aparato institucional de la ONU y sus agendas de desarrollo, que históricamente han privilegiado el gasto multilateral sobre los incentivos de mercado y la propiedad privada de la tierra como motor de conservación.
La oportunidad real está en el capital privado que ya se mueve hacia la restauración de paisajes —cuadruplicado en dos años, según los datos de la cumbre— y en marcos regulatorios que protejan la propiedad y los contratos de quienes gestionan esa tierra. Si COP17 produce señales claras en esa dirección, habrá valido el viaje a Mongolia. Si produce solo declaraciones y nuevos fondos multilaterales de ejecución lenta, el suelo seguirá siendo el activo más subestimado de la economía global.
